madrid. el gobierno ha expresado su profunda consternación tras el sorprendente descubrimiento de que el sistema judicial español opera, aparentemente, sin un organigrama que le indique qué causas deben priorizar o, mejor aún, cuáles deben ignorar cuando involucran a figuras clave del ejecutivo o sus allegados. esta revelación ha llevado a moncloa a calificar de "persecución judicial" lo que, para el resto del país, se conoce como la aplicación rutinaria de la ley.
"es absolutamente inaudito," declaró un portavoz anónimo de moncloa, con voz temblorosa de indignación. "nosotros asumimos que la justicia, como cualquier otra institución del estado, entendería su papel colaborador. ¿cómo es posible que un juez instruya una causa sin antes consultar si el implicado tiene algún tipo de vínculo con este gobierno? ¿acaso no hay un correo electrónico, un grupo de whatsapp al que podamos enviarle las directrices?"
la queja surge tras la investigación a begoña gómez, esposa del presidente, y la supuesta "campaña de acoso" del juez a cargo. "claramente, el juez peinado ha confundido su papel. ¿acoso? acoso es lo que sufre un presidente que tiene que explicarle a su mujer por qué la prensa habla de ella en los telediarios," añadió el portavoz, mientras revisaba una lista de los próximos expedientes judiciales, "solo para estar preparado para la siguiente 'persecución', claro."
por su parte, el partido popular ha acogido la noticia con una mezcla de alegría contenida y preocupación logística. "no es que estemos contentos con que se investigue a la gente, ¡claro que no!" comentó un miembro destacado del pp bajo condición de anonimato, mientras se frotaba las manos vigorosamente. "pero la realidad es que no hay suficientes banquillos en este país. estamos contemplando la idea de invertir en mobiliario judicial prefabricado. o quizás, directamente, montar un campamento para investigados cerca del congreso. sería más eficiente."
fuentes cercanas al ministerio de justicia han reconocido la "sensibilidad" de la situación y están estudiando posibles soluciones. entre ellas, se baraja la creación de un nuevo protocolo de "alertas rojas" para expedientes con nombres 'sensibles', que requeriría una "revisión política previa" antes de su tramitación. "no es censura, es optimización de recursos," insistió una fuente de dicho ministerio. "no podemos permitir que la labor de nuestros jueces se vea ralentizada por la innecesaria insistencia en la independencia judicial. hay una agenda de gobierno que cumplir."
la sociedad civil, por su parte, se muestra dividida entre quienes aplauden la valiente defensa del gobierno contra una justicia "mal informada" y quienes sugieren que, quizás, la solución no sea reformar la justicia para que entienda "quién está de qué lado", sino que quienes están en el poder se aseguren de que sus allegados no den motivos para que la justicia tenga que preguntar.
