Madrid, España – La Moncloa y Ferraz han estallado en una cascada de comunicados y declaraciones, expresando su más sincera perplejidad ante la insólita costumbre de ciertos jueces de, aparentemente, ejercer su independencia. El motivo de tamaña consternación: la suspensión provisional de un artículo clave de la ‘ley de nietos’, una medida legislativa que, según el Gobierno, debería haber sido aceptada sin mayores aspavientos, como dictan las buenas costumbres entre poderes del Estado.
Fuentes cercanas al Palacio de la Moncloa, que pidieron anonimato para poder hablar con la franqueza que solo el anonimato permite, señalaron que "la independencia judicial se entiende como independencia de injerencias externas, no como independencia de nuestros planes bienintencionados". La idea de que un tribunal pueda siquiera cuestionar una ley aprobada por el ejecutivo, por muy constitucionalmente establecido que esté el control judicial, parece haber aterrizado como un meteorito en el despacho de más de un asesor ministerial.
Desde Ferraz, sede del partido, un portavoz cuyo nombre no fue revelado para no comprometer su seguridad ante la furia de los "lobos solitarios" togados, declaró: "Creíamos que el sistema judicial era como un notario glorificado, una entidad que certifica la validez de lo que nosotros creamos, no que lo disecciona con fines lúdicos. Si cada juez va a ponerse a leer la Constitución antes de aplicar una ley, ¿dónde queda la agilidad legislativa? Esto es un cuello de botella burocrático, no justicia". La frustración es palpable, casi tangible, en los pasillos del poder.
La 'ley de nietos', diseñada para facilitar la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, es solo el último campo de batalla. Pero la queja de fondo es más profunda: ¿por qué los jueces insisten en funcionar como un poder separado? El Gobierno invierte tiempo, esfuerzo y muchas horas de insomnio en redactar leyes que cree perfectas, para luego encontrarse con estos 'jueces salvapatrias' que, en un acto de lo que algunos ven como pura provocación, deciden que quizás no lo son tanto. "La independencia no es inmunidad", han coreado desde el ejecutivo, omitiendo convenientemente el "…a nuestra autoridad".
Se rumorea en los círculos internos que se está considerando la implementación de talleres de 'Reeducación Constitucional para Magistrados Disidentes', donde se les recordará amablemente que su función principal es 'colaborar con el gobierno para una España mejor', y no 'obstaculizar el progreso con tecnicismos legales'. La propuesta incluye un módulo sobre 'Agilización del Proceso Legislativo: Cómo Decir Sí a Todo en Menos de 3 Minutos'. Al fin y al cabo, si la ley es del gobierno, ¿no debería ser automáticamente la ley de todos?
