El Gobierno español se encuentra en la fase más crucial de diálogo democrático de la década, según fuentes cercanas a La Moncloa. Se trata de las negociaciones con Junts para sacar adelante el llamado 'decreto Maricarmen', una iniciativa antidesahucios que, en un giro previsible para cualquier observador de la política nacional, se ha convertido en un catálogo de deseos fiscales del partido catalán. La gran novedad es que, para evitar que los fondos buitre expulsen a las familias vulnerables de sus hogares, Junts exige al PSOE que los contribuyentes catalanes puedan desgravar hasta el alquiler de una mansión con piscina y vistas al mar.
Pere Aragonés, portavoz no oficial de Junts en estas conversaciones, ha declarado a través de un tuit borrado minutos después: "Es simple. Para construir una Cataluña libre y próspera, necesitamos ciudadanos que paguen menos impuestos. Es una inversión. ¿Cómo vamos a separarnos de España si antes no nos pagan la fianza de nuestro piso, la hipoteca de la segunda residencia y, ya que estamos, el IVA de la reforma de la cocina? Pedir dinero a Madrid para financiar nuestra independencia de Madrid es la máxima expresión de pragmatismo. Es como pedirle al exmarido que te pague el abogado del divorcio." El partido insiste en que estas rebajas fiscales son "una cuestión de dignidad nacional".
Desde el Partido Socialista, el ambiente es de "realismo constructivo", un eufemismo que, traducido, significa "aguantar el chaparrón". Un negociador anónimo del PSOE, encontrado por este medio a punto de llorar en un lavabo de La Moncloa, admitió: "Ya hemos cedido en todo, hasta en el nombre del decreto. ¿'Maricarmen'? Ni siquiera sabemos de dónde salió eso. Primero querían el IRPF del alquiler, luego el de la compra, después que les pagáramos el recibo de la luz. Me da miedo que en la próxima reunión nos pidan la independencia, pero solo para ellos, no para el resto. '¿Que me pagues tú la entrada a mi propio país?', me dijo uno el otro día. Y lo estoy considerando, porque necesitamos los votos."
Mientras tanto, en las calles, los ciudadanos que realmente enfrentan desahucios se manifiestan con pancartas pidiendo soluciones tangibles. Sus gritos, sin embargo, parecen no llegar a los despachos donde se decide su futuro, más preocupados por la rentabilidad fiscal de una secesión hipotética que por el techo de mañana. Expertos en negociación política de la Universidad de la Hipocresía de Salamanca afirman que esta es la "lógica del tenderete", donde un problema existencial se canjea por descuentos de supermercado.
Al cierre de esta edición, Junts ha sugerido que, para asegurar su apoyo, el Gobierno también debería considerar la posibilidad de que España pague las vacaciones de verano de los líderes independentistas, ya que "relajados piensan mejor en cómo construir la república". La Moncloa ha respondido que están "analizando la propuesta con la máxima celeridad y sensibilidad institucional", aunque internamente se debate si es más barato alquilarles una isla o simplemente adelantar las elecciones.
