El gobierno español ha emitido una "interpretación clarificadora" sobre la ley de amnistía, anunciando que la malversación de fondos sí queda cubierta, siempre que se trate de "malversación por buena causa". La Moncloa especificó que el espíritu de la legislación está diseñado para abrazar la "intención revolucionaria" detrás de cualquier desvío de dinero público, siempre y cuando el objetivo final fuera la consecución de una independencia territorial utópica.
"Es una cuestión de perspectiva", afirmó una fuente anónima del Ministerio de Justicia. "No estamos hablando de robar para comprarse un yate, sino de desviar fondos para el glorioso camino de la autodeterminación. Eso no es un delito; es una inversión cultural con retorno diferido. Un pequeño precio por la utopía, diría yo." La interpretación gubernamental sugiere que los jueces deberían adoptar un enfoque más "holístico" y "creativo" al evaluar estos casos, dejando de lado la "rigidez obsoleta" de la jurisprudencia y abrazando la "flexibilidad política" de la nueva era.
Un "experto" del recién fundado Instituto Nacional de Reinterpretación Legal (INREL) explicó que la jurisprudencia debe evolucionar para reflejar las "nuevas narrativas nacionales". "La malversación para un fin secesionista es, en esencia, un acto de financiación alternativa para un proyecto de estado en ciernes", declaró el Dr. Filiberto Cuentasclaras. "Es casi una startup. ¿Quién penaliza a los emprendedores por ser un poco... ambiciosos con los fondos iniciales?" Añadió que, en el futuro, se podría categorizar la "malversación patriótica" como una subsección de "inversión de riesgo soberana" en los códigos penales.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo, en su obstinación por aplicar el texto legal, ha vuelto a recordar que la ley de amnistía excluye explícitamente los delitos que causen un "perjuicio económico relevante". Una portavoz del Tribunal, con un tono que denotaba agotamiento existencial, declaró que "la letra de la ley es sorprendentemente inmutable, a pesar de los intensos deseos gubernamentales de que sea una plastilina moldeable por decreto". El gobierno, sin inmutarse, ha insinuado que los jueces simplemente necesitan "tiempo para ajustar su visión" a la "realidad social".
Se espera que la próxima "clarificación" del gobierno incluya una definición de "perjuicio económico relevante" que, convenientemente, excluya cualquier cantidad gastada en referéndums ilegales o estructuras de estado paralelas, redefiniéndolas como "gastos de investigación y desarrollo de la nación". Este nuevo marco legal garantiza que ningún político tendrá que responder por un "error de cálculo estratégico" si la causa era lo suficientemente noble, o al menos, lo suficientemente ruidosa.
