El gobierno italiano de Giorgia Meloni, bajo la insistente presión de Bruselas, ha anunciado que abrirá la gestión de sus playas a concurso público. La medida, que busca poner "orden en el caos" de sus más de 12.000 concesiones privadas, es en realidad un tímido reconocimiento de que el mar, o al menos la franja que lo bordea, no es un bien exclusivo para aquellos dispuestos a pagar por cada grano de arena. Según fuentes cercanas al Ministerio del Mar, la decisión llega tras años de "reflexión profunda" sobre cómo un recurso natural tan evidente como la costa pudo haber sido privatizado hasta en un 42% del país.

"Es una tragedia cultural", lamentó Giuseppe 'Pino' Rossi, portavoz de la Asociación Nacional de Concesionarios Costeros (ANCC), desde su chiringuito privado en Cerdeña, donde las sombrillas de pago forman una barrera infranqueable hasta la orilla. "Nuestros ancestros no lucharon en dos guerras mundiales para que un burócrata de Bruselas nos dijera que la vista al horizonte debe ser gratuita. Esto no es solo un negocio; es una forma de vida, un patrimonio familiar. ¿Quién va a mantener las playas limpias si el ciudadano de a pie puede pisar la arena sin soltar un euro?"

Los defensores de la medida celebran que por fin se permitirá a la gente acceder a la orilla sin sentirse como intrusos en propiedad ajena. "Es un paso, pequeño, pero un paso", comentó Marco Bianchi, un turista romano de vacaciones en la Toscana, mientras miraba con nostalgia una playa pública de no más de veinte metros entre dos muros de tumbonas privadas. "Ahora solo falta que el concurso público no termine con las mismas empresas de siempre subiendo los precios por el 'nuevo nivel de servicio' y 'la gestión eficiente del espacio recién liberado'. Me preocupa que 'público' solo signifique que ahora todos podamos pujar por el derecho a estirar la toalla."

La situación pone en evidencia la ironía de ver a un gobierno con tintes nacionalistas ceder ante las directrices de la Unión Europea para, supuestamente, "devolver" el espacio público a los italianos. Es una concesión que suena más a "liberación con letra pequeña" que a una genuina reforma. Los expertos pronostican que el proceso será largo, complejo y, probablemente, terminará con nuevas formas de eludir la gratuidad total. Después de todo, el mar puede ser de todos, pero el derecho a llegar a él sin cruzar un peaje es una batalla que aún está por librarse en las arenas movedizas de la burocracia.