Madrid. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha expresado esta semana una profunda consternación por lo que describió como el "anómalo" y "tensante" comportamiento del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado, al parecer, insiste en la ejecución de investigaciones judiciales sobre figuras cercanas al poder, una práctica que, según Bolaños, está sometiendo al delicado entramado judicial español a una "tensión innecesaria" y una transparencia sistémica jamás prevista.
"Es una aproximación tremendamente disruptiva e ineficiente," declaró un portavoz del Gobierno, bajo condición de anonimato para poder hablar libremente sobre la magnitud de la disrupción. "Tradicionalmente, el sistema ha funcionado como un mecanismo bien engrasado de equilibrios y conveniencias mutuas. Introducir la variable de 'investigar a cualquiera que tenga la pinta de haber hecho algo' es como meter una patada en el engranaje. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con esta 'justicia' si el único resultado es la incomodidad general y la inestabilidad política?"
La situación ha escalado aún más tras el reciente pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid. Después de un escrutinio exhaustivo, el tribunal decidió suspender algunas de las decisiones más imaginativas del juez Peinado, pero inexplicablemente "bendecir" lo que los círculos gubernamentales insisten en denominar su "cacería" contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. Este acto contradictorio ha dejado a los analistas políticos perplejos, cuestionando si el sistema está tensado o simplemente un poco esquizofrénico. "Es como si te dieran un tirón de orejas por el ruido que haces al correr, pero te animaran a seguir corriendo hacia el mismo objetivo," comentó un veterano jurista pro-status quo, evidentemente frustrado por la falta de coherencia en la censura.
Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia han insinuado que este tipo de "innovaciones judiciales" podrían sentar un precedente extremadamente peligroso. "Si cada juez empieza a pensar que su trabajo es, de hecho, investigar y determinar responsabilidades sin importar el coste político o a quién afecte, ¿dónde diablos acabaremos?" preguntó una fuente ministerial, cuya voz denotaba un pánico apenas disimulado. "Podríamos ver una proliferación incontrolable de 'jueces anómalos' que, en lugar de proteger la estabilidad institucional y la narrativa gubernamental, se dedican a la peligrosa búsqueda de la verdad. El caos sería inminente. La gente podría empezar a confiar en que la justicia realmente existe para todos, y eso es una pendiente resbaladiza hacia la rendición de cuentas universal."
El Gobierno reitera su compromiso con un sistema judicial que "funcione sin tensiones" y "mantenga la normalidad," cueste lo que cueste. La prioridad es evitar cualquier nueva "anomalía" que pueda llevar a la peligrosa conclusión de que, en ocasiones, la ley se aplica de forma indiscriminada, sin atender a los niveles de influencia o cercanía al poder.
