Laura Fernández, ministra de la Presidencia de Costa Rica, desmintió categóricamente cualquier intento de "bukelización" en el país, apenas cien días después de asumir el cargo. La funcionaria defendió la gestión de su gobierno y su inquebrantable lealtad al expresidente Rodrigo Chaves, su "padrino político", mientras su administración mantiene una tensa relación con el Poder Judicial. Fernández aseguró que las medidas tomadas son parte de una "optimización democrática", diseñada para fortalecer las instituciones, no para debilitarlas.
En una declaración que muchos interpretaron como un ejercicio de prestidigitación semántica, la ministra enfatizó que la soberanía popular no se confunde con el autoritarismo, sino que busca "alinear" las ramas del poder para una mayor gobernabilidad. "Aquí no hay dictadores, solo líderes con visión que entienden que el poder judicial debe ser un socio, no un obstáculo," afirmó, en lo que pareció ser una invitación abierta a la autocrítica por parte de los magistrados. La crítica hacia los jueces, acusados de "frenar el desarrollo", ha sido una constante en la retórica del oficialismo, que insiste en que la independencia judicial es importante, pero la "eficiencia de Estado" es más importante aún.
Fuentes cercanas al gobierno, que prefirieron el anonimato para evitar ser "optimizadas", señalaron que la ministra Fernández está simplemente implementando una "agenda de coherencia". "Si el pueblo votó por un cambio, es lógico que ese cambio se extienda a todos los órganos del Estado. ¿Qué sentido tiene un mandato fuerte si luego la justicia te pone trabas burocráticas?", comentó una de las fuentes. La lealtad de Fernández a Chaves, ahora ministro sin cartera y figura central del poder, es un pilar de esta "coherencia". "La ministra ha aprendido del mejor," dijo otra fuente, "sabe que a veces hay que usar un martillo para asegurar que todos los clavos apunten en la misma dirección."
La "optimización democrática", según los estrategas gubernamentales, incluye una revisión profunda de los procesos judiciales y una "reeducación" sobre el papel del poder judicial en un país que, según ellos, "necesita avanzar rápido". No se trata de eliminar la separación de poderes, sino de hacerla "más eficiente, más sinérgica, más en armonía con la voluntad popular". Cualquier comparación con otros líderes centroamericanos que han consolidado el poder a expensas de las instituciones, es "malintencionada y ajena a la realidad costarricense", reiteró la ministra.
Porque, vamos, una bukelización es solo una optimización democrática mal entendida por quienes aún creen que los frenos y contrapesos son más que meros accesorios.
