La expectación es máxima en las cancillerías de medio mundo. No es una nueva crisis geopolítica, sino la agonizante espera por la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Este debe dirimir si la esposa del presidente, Begoña Gómez, asiste a la cumbre de la OTAN o a la graduación de su hija. Una disyuntiva que ha paralizado el pulso judicial español, ahora agravada por las vacaciones del titular, el Juez Peinado, quien ha delegado la “cumbre de los conflictos de agenda” en su sustituto.
Fuentes cercanas a la Alianza Atlántica, que prefieren el anonimato, han confesado su desconcierto. “Creíamos que nuestra principal preocupación sería la defensa colectiva, pero resulta que un itinerario familiar en España nos ha puesto en jaque”, declaraba un portavoz ojeroso desde Bruselas. “Nuestros equipos de inteligencia han desviado recursos para analizar la pertinencia de un visado para actos protocolarios no esenciales. Es la primera vez que un evento social amenaza con desestabilizar la estrategia defensiva de Occidente”.
Expertos en derecho procesal comparado han calificado la situación de "hito". “Estamos ante un caso paradigmático de ponderación de intereses”, explica el catedrático Emérito Dr. Eustáquio Del Moral, desde su residencia de verano en Marbella. “¿Pesa más la imagen internacional de un país en una cumbre de seguridad global, o el derecho inalienable de una madre a presenciar la graduación de su vástago? Es la cuadratura del círculo, el enigma de la Esfinge, pero en sede judicial con el calendario de vuelos de fondo. Un auténtico desafío para el espíritu cartesiano del jurista español”.
Desde la bancada de la oposición se elevan voces –o tuits– que no ocultan su perplejidad. “Es impropio, sencillamente impropio”, clamaba un reputado líder político desde una hamaca en las Baleares, "que la agenda familiar de la consorte se convierta en cuestión de estado, judicializada y politizada hasta el absurdo. ¿Es que nadie piensa en la imagen que damos al mundo? ¡Parecemos una comedia bufa!” Su partido, por supuesto, ha exigido que se investigue "hasta el último detalle de los desplazamientos y las posibles implicaciones geopolíticas de cada selfie que se tome".
La decisión, ahora en manos del Juez sustituto, promete sentar un precedente para futuras situaciones donde la diplomacia de alto nivel y los compromisos personales se entrelacen. Se rumorea que ya se trabaja en una "Ley de Coordinación de Agendas Presidenciales y Consortiles en Tiempo de Instrucción Judicial", con un apartado especial para "Eventos Familiares de Alta Sensibilidad y su Impacto en la Geopolítica". Al final, quizás la mayor cumbre a la que asistamos sea la del absurdo, celebrada en el Juzgado de Peinado y presidida, por vacaciones, por un digno sustituto.
