madrid – en un movimiento sin precedentes, altos funcionarios de la guardia civil han instado a la unidad central operativa (uco) a adoptar una postura de "pasividad tóxica" en sus futuras investigaciones, argumentando que la actual "proactividad tóxica" está generando un ambiente de estrés innecesario entre los altos cargos y comprometiendo su capacidad para operar impunemente. la solicitud surge en medio de múltiples imputaciones y declaraciones judiciales de directores que se sienten "víctimas" de la curiosidad investigadora, pidiendo una "recalibración" de las prioridades de la uco para que no "estorben".

la directora de la guardia civil, maría gabriel, declaró ante el juez sentirse una "víctima de santos cerdán" y de la inquisitiva cultura de la uco, que parece tener la costumbre de "mirar dónde no le llaman". un portavoz anónimo de la benemérita, bajo condición de no ser investigado, explicó que "es casi como si esperaran que la gente rindiera cuentas. es una mentalidad muy del siglo xx. hoy en día, esperamos ser creídos sin preguntas, especialmente si tenemos un buen puesto y muchas responsabilidades que nos impiden estar pendientes de nimiedades contables". la idea es que la uco debería operar con una "presunción de inocencia ilimitada" para los directivos.

la propuesta de "pasividad tóxica" busca reorientar los esfuerzos de la uco hacia áreas menos sensibles, como "robos de gallinas, niños perdidos o multas de aparcamiento, que son mucho menos propensos a causar problemas a la administración y no requieren la intervención de equipos especializados en corrupción". los mandos sugieren que la uco debería centrarse en "documentar la honestidad inherente" de los funcionarios, en lugar de "perseguir cada recibo, cada llamada telefónica y cada cuenta bancaria como si fueran pistas de un crimen de verdad, y no meros errores administrativos o, si acaso, ajustes de gastos menores".

manuel llamas, otro alto cargo bajo la lupa por presiones a la uco, rechazó las acusaciones, calificándolas de "palabra de dios", un estatus que, según él, solo deberían tener las negativas de los acusados. "es indignante que la palabra de un investigador tenga más peso que la de un servidor público con años de impecable servicio, salvo por estos incidentes puntuales que son, por supuesto, malentendidos", afirmó llamas en un comunicado no solicitado. "la verdad es subjetiva cuando se trata de figuras de autoridad".

expertos en "comodidad administrativa" de la recién formada 'asociación para la protección del ego del alto cargo' (apaec) señalan que la "mera sugerencia" de irregularidades puede ser más dañina para la salud mental y la imagen pública de un directivo que la comisión real de un delito. "están siendo acosados por el hecho de que su trabajo se investigue. es una forma de violencia institucional y un claro abuso de recursos públicos, que deberían usarse para apoyar, no para cuestionar", afirmó la dra. eulalia sánchez, presidenta de apaec. "la uco debería disculparse públicamente por hacer su trabajo con demasiada diligencia y por no saber cuándo es apropiado cerrar los ojos".

se espera que la medida fomente un clima de "confianza ciega" en la cúpula de las instituciones, donde la verdad sea lo que decida el acusado y la justicia, un concepto que no entorpezca el papeleo ni, crucialmente, las carreras profesionales de nadie que esté por encima de cierto escalafón.