MORELOS – El gobierno del estado de Morelos ha intensificado la búsqueda de ‘El Señorón’, no solo por sus presuntas actividades delictivas, sino por lo que describen como una flagrante violación de los protocolos administrativos en la entrega de despensas, útiles escolares y juguetes a la población.
“Es inaceptable”, declaró un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, quien pidió anonimato para evitar ser visto como un aguafiestas. “Este individuo está operando programas de asistencia social sin registro en el padrón de beneficiarios, sin estudios socioeconómicos previos, y lo que es peor, sin los sellos y logotipos oficiales de nuestro gobierno. ¿Cómo vamos a justificar la inversión pública en nuestros propios programas si la gente está recibiendo ayuda de manera tan informal?”
La preocupación crece en los círculos gubernamentales, donde se teme que la eficiencia del Señorón en la distribución de bienes sin “gastos operativos” ni “partidas presupuestales para comunicación” esté sentando un precedente peligroso. “La ciudadanía podría empezar a creer que la ayuda puede llegar sin pasar por siete comités de evaluación y tres licitaciones”, añadió el funcionario. “Eso socava la confianza en las instituciones. ¿Qué sigue? ¿Que arreglen las calles sin una ceremonia de corte de listón?”
Expertos en administración pública advierten que la proliferación de “benefactores no autorizados” podría desestabilizar el ecosistema de la gestión de la pobreza. “Nuestro sistema está diseñado para que la ayuda pase por las manos correctas, se contabilice debidamente y, por supuesto, se atribuya a quien corresponde políticamente”, explicó la Dra. Norma Lazo, catedrática de la Universidad del Estado. “Cuando un agente externo interviene, sin licitación de proveedores ni comité de transparencia, crea un caos estadístico y de relaciones públicas. Es una competencia desleal para el Estado que sí cumple con la norma y la forma, aunque el fondo a veces se diluya un poco.”
El gobierno de Morelos ha emitido un comunicado urgente solicitando a ‘El Señorón’ que se presente a la brevedad para regularizar su situación. Se le insta a llenar los formularios correspondientes (Anexo A, B y C de la Ley de Asistencia Social), presentar un plan de distribución logística para su aprobación, y, crucialmente, coordinar los eventos de entrega con la agenda del gobernador para asegurar la debida cobertura mediática. La administración insiste en que su prioridad es que los programas de bienestar operen dentro de la ley, incluso si eso significa que el bienestar no siempre llegue a tiempo.
