madrid. — la industria farmacéutica española ha manifestado su firme posición respecto a la inminente Ley del Medicamento, insistiendo en que cualquier nueva regulación debe forjarse mediante un “pacto estratégico” que asegure un equilibrio entre los intereses del sector y los del gobierno. la presidenta de astrazeneca españa, laura colón, ha liderado el coro, dejando claro que una ley “perfecta” para una de las partes no sería sostenible, por lo que se requiere un consenso que apunte a la “rentabilidad compartida”.

“no queremos una ley que solo sea buena para nosotros, ni una que solo sea buena para ellos. necesitamos una que sea buena para *nosotros*”, declaró colón en un evento del sector, matizando con una sonrisa que el “nosotros” incluía a todos los actores clave del sistema, donde “actor clave” es sinónimo de cualquiera con un balance de resultados lo suficientemente grande. “después de todo, si la máquina no engrasa, ¿quién produce la innovación que salva vidas? ¿el público con sus impuestos? es impensable”.

expertos en cabildeo y optimización de márgenes, agrupados bajo la recién formada “alianza para la estabilidad del mercado sanitario” (aemes), han echo las declaraciones de colón. josé luis campos, portavoz de aemes, explicó que “el objetivo de una buena ley no es la salud pública per se, sino crear un marco que permita a las empresas farmacéuticas seguir invirtiendo, generando beneficios y, por ende, manteniendo un ecosistema robusto. la salud viene después, como un subproducto feliz de un mercado bien regulado... para nosotros”. campos añadió que la clave es evitar “sorpresas” que puedan afectar los precios o los plazos de comercialización, ya que “la incertidumbre es mala para los inversores y, seamos sinceros, para la continuidad de los tratamientos más costosos y rentables”.

la propuesta de la industria se centra en un modelo de “corresponsabilidad” donde el estado asume parte del riesgo financiero de la investigación y desarrollo, garantiza acceso privilegiado al mercado y, en esencia, actúa como un socio silencioso que facilita la operación sin cuestionar demasiado los dividendos. a cambio, la ciudadanía recibe, con algo de suerte y años de espera, los frutos de esa “innovación”. según fuentes cercanas a la negociación, el gobierno parece receptivo a la idea de un marco que ofrezca “seguridad jurídica” al sector, siempre y cuando se pueda presentar al público como un “avance en el acceso a medicamentos de vanguardia”, un avance que casualmente siempre implica mayores beneficios para las farmacéuticas.

el consenso, entonces, se perfila como un acuerdo donde la industria obtiene un entorno predecible para maximizar sus ganancias, y el gobierno logra la estabilidad de un socio corporativo fiable, evitando la necesidad de tomar decisiones impopulares que puedan incomodar a los verdaderos motores de la economía. la salud del ciudadano, en este delicado baile, es el telón de fondo perfecto para que los socios protagonistas brillen.