madrid. La disputa judicial entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ha alcanzado cotas de drama personal, llevando a un inédito debate sobre la necesidad de intervención externa. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la aplicación de la amnistía a la malversación, ha degenerado en un intercambio de acusaciones donde la técnica jurídica fue reemplazada por la animadversión. El auto de la Sala de lo Penal del Supremo, que finalmente amnistía la malversación de los líderes del procés, no dudó en describir la actuación del Constitucional con términos como “injerencias, grandilocuencia y sobrantes epítetos”. Traducido del argot judicial, esto significa “eres un metiche, te crees muy importante y hablas demasiado para decir poco”.
Analistas del ámbito jurídico y de la comunicación, visiblemente consternados, han comenzado a sugerir la incorporación de mediadores profesionales. “Es la clásica relación tóxica donde nadie escucha y todos se atrincheran en su ego institucional”, comentó la Dra. Elena Durán, psicóloga especializada en dinámicas de poder interinstitucionales. “La acusación de usar ‘sobrantes epítetos’ es, en sí misma, un epíteto. Es la pot calling the kettle black, pero en latín. Necesitan un espacio seguro para expresar sus sentimientos, quizás con un boli de estrés para cada presidente”.
La controversia no solo reside en la aplicación de la amnistía, sino en el tono y la forma en que los más altos tribunales del país se comunican entre sí. Según fuentes internas, algunos magistrados del Supremo habrían solicitado a sus asistentes un diccionario de sinónimos para responder a las “injerencias” del Constitucional con una contundencia léxica aún mayor. “Se habla de incluir gráficos de puntos de exclamación para expresar la indignación con mayor claridad visual”, reveló un funcionario judicial bajo condición de anonimato. “La próxima sentencia podría venir con emojis si esto sigue así”.
La situación ha provocado que muchos se pregunten si el sistema judicial español ha olvidado que su función principal es impartir justicia, no participar en un reality show de dimes y diretes. La percepción pública oscila entre la confusión y la resignación ante lo que parece un perpetuo campo de batalla entre egos togados. “Esperamos que la terapia de pareja judicial incluya ejercicios de escucha activa”, ironizó un profesor de Derecho Constitucional. “Tal vez un retiro de fin de semana, lejos de los autos y autos, para que se recuerden por qué se enamoraron de la Constitución en primer lugar”.
Al final, mientras los tribunales deciden quién tiene la razón con una retórica cada vez más punzante, el ciudadano de a pie se queda con la certeza de que la justicia no solo es ciega, sino que a veces, también, es un poco infantil.
