Los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana, todos bajo la bandera del Partido Popular en Huelva, han ingresado oficialmente en la fase de 'investigación judicial' por presuntos 'amaños' en la contratación pública de festejos taurinos. Lo que en cualquier otra latitud sería un escándalo sonado, en España se presenta como un rito de paso, un bautismo de fuego para cualquier edil con ambición y el don de gentes necesario para entender que la cultura, antes que nada, es un negocio familiar.
Fuentes cercanas a los implicados, que pidieron no ser citadas para no ser señaladas como los únicos pringados sin un buen contacto en el sector, explicaron que las diligencias se centran en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en Beas y Palos, y de apropiación indebida en Cortegana. Una triada perfecta que demuestra la versatilidad y el compromiso de la política local con el arte de la gestión de recursos. No es corrupción, es simplemente una *interpretación generosa* de las normas. Es el flamenco de las finanzas públicas, con su propio compás y sus palmas bien pagadas.
"Es que la cultura taurina es muy específica", declaró bajo condición de anonimato un 'asesor cultural' con experiencia en la organización de verbenas y la obtención de subvenciones para eventos cuya rentabilidad social es inversamente proporcional a la opacidad de sus contratos. "No se puede dejar en manos de cualquiera. Hay que tener contactos, saber quién es quién, dónde está el buen ganado... y dónde se quedan los márgenes. Es un ecosistema delicado que hay que proteger, y eso requiere *confianza*". La confianza, en este contexto, suele traducirse en lazos sanguíneos, amistades de infancia o de militancia política, y una profunda lealtad al sobre.
La reciente decisión de la Justicia andaluza de retirar a la patronal taurina el "monopolio" blindado por el Gobierno de Moreno es vista por algunos como un ataque a la *autodeterminación cultural* de los pueblos. "Parece que no quieren que la fiesta siga viva", se quejó un veterano aficionado, quien, por pura coincidencia, también resulta ser familiar del concejal de festejos de uno de los municipios investigados. "Si no es con la gente que *sabe* y *quiere* la fiesta, ¿con quién vamos a contratar? ¿Con el primero que pase por ahí y ofrezca el precio más bajo? ¡Eso sería irresponsable! ¿Qué sabrá un tipo de fuera sobre la pasión y la tradición de nuestra tierra?". Claramente, la verdadera tragedia no es el uso indebido de fondos, sino la posible intromisión en un sistema que *funciona* (para algunos).
Los alcaldes, por su parte, mantienen una actitud serena, casi zen. Es la calma de quien sabe que está cumpliendo con su deber cívico de mantener las tradiciones, incluso si eso implica estirar un poco la letra de la ley. "Nuestra prioridad es la fiesta y el bienestar de nuestros vecinos", afirmó un portavoz del PP local, cuya declaración fue interrumpida por el sonido de una caja registradora, probablemente un efecto de sonido ambiental. "Y si para eso hay que 'flexibilizar' algún que otro procedimiento administrativo, pues se hace. ¿O acaso los romanos no ajustaban sus cuentas con los bárbaros para que el circo continuara?". La defensa es clara: la corrupción no es un error, es un método ancestral. Una inversión a futuro, si lo piensas bien. La cultura es cara, y alguien tiene que poner el dinero por adelantado, ¿no?
En Cortegana, donde se investiga la apropiación indebida, la situación es "diferente", según otro 'experto'. "Ahí no es prevaricación, es más bien una gestión 'personalizada' de los recursos. Es como si el alcalde hubiera tomado un adelanto para asegurar la calidad del espectáculo. La lógica es impecable: si el dinero desaparece, es porque está trabajando duro para el bien común, o al menos para el bien de algunos comunes muy específicos."
Al final, la cuestión no es si hubo 'amaños', sino si estos 'amaños' son lo suficientemente 'típicos' y 'tradicionales' como para ser considerados parte integral del *patrimonio cultural inmaterial* de Andalucía, o al menos del manual de buenas prácticas del político local. Las investigaciones judiciales solo sirven para poner en evidencia una verdad incómoda: que algunos están demasiado ocupados preservando la cultura para molestarse en preservar la ley. Y el toro sigue embistiendo, ajeno a los tejemanejes que lo llevaron a la plaza, un simple peón en la gran faena de la gestión pública. La próxima vez que vea un festejo, no olvide que cada pase de capote puede tener detrás un expediente con sobrecostes, cada brindis un recibo de dudosa procedencia. Es la verdadera tauromaquia del siglo XXI: la lucha entre la ley y la ley del más listo. Y en Huelva, parece que han perfeccionado la faena.
