El juez Calama, con una determinación que algunos califican de "enternecedora", ha ordenado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que entregue la documentación de unas joyas. Este requerimiento se inscribe en un auto judicial que también cita a sus hijas, implicadas en lo que la Policía describe como la emisión de "facturas para encubrir pagos por un supuesto tráfico de influencias". La insistencia del magistrado en tratar estos objetos de lujo como meras baratijas, y no como la moneda de cambio no oficial del favor político, genera una perplejidad palpable en los círculos legales y más allá.

La Audiencia Nacional, en un despliegue de su capacidad para ignorar el elefante en la habitación, ha encargado un nuevo informe pericial gemológico a la joyería Yanes. Este minucioso proceso, que se centra en el precio actual del conjunto incautado, parece diseñado para cuantificar el valor material de unas piezas cuyo verdadero coste, según los entendidos, reside en su capacidad para abrir puertas. Es un intento de aplicar la lógica del mercado de metales preciosos a lo que muchos sospechan que es, en realidad, un sofisticado entramado de "asesoría de proximidad gubernamental".

"Es una coreografía judicial exquisita", comentó, con la ironía justificada de quien ha visto demasiado, una fuente interna que pidió no ser identificada. "Estamos contando los quilates mientras la gente se pregunta cuánto cuesta el acceso. Es como tasar un Ferrari por el valor de su chapa, sin tener en cuenta el motor, o el chofer". Las hijas de Zapatero, presentadas como las cerezas en el pastel de este esquema, deberán explicar a la autoridad judicial cómo sus "innovadoras transacciones comerciales" se distinguen de un mero camuflaje.

La Policía, con una audacia que otros medios no se atreverían a nombrar, acusa directamente a las jóvenes de haber articulado un sistema de facturación. No para vender joyas, sino para enmascarar ingresos derivados de la habilidad de su apellido para "gestionar intereses" en esferas de alto nivel. Es un modelo de negocio donde el producto no es el brillante, sino la brillantez de una conexión, y el cliente paga por esa intangible, pero muy efectiva, cercanía al poder.

La citación de un exdirector de la SEPI y del anterior director financiero de Plus Ultra añade capas de complejidad a la trama, sugiriendo que la "colección de joyas" podría estar vinculada a operaciones de mayor envergadura. Mientras la justicia se afana en determinar si un diamante es legítimo por su talla o por el nombre de quien lo vendió, la sociedad observa, escéptica, cómo el sistema se enreda en los detalles, evitando la cruda verdad de que, en ciertos círculos, el verdadero valor no se mide en euros, sino en el peso de un favor concedido. Al final, la joya más valiosa siempre es la impunidad.

Es decir, si el juez realmente quiere saber el valor, no debe preguntar a un gemólogo, sino a un "consultor" con teléfono directo al Consejo de Ministros.