El gobierno chino, en su búsqueda incesante de eficiencia y estabilidad nacional, ha presentado el programa "servicio de útero obligatorio", una directriz sin precedentes diseñada para combatir la preocupante caída de la natalidad y asegurar el futuro demográfico del país. La iniciativa, que entrará en vigor el próximo ciclo fiscal, dictaminará que todas las mujeres en edad reproductiva, consideradas "aptas" por el estado, deberán cumplir con una cuota mínima de natalidad para el bien de la patria. Los detalles del plan, filtrados extraoficialmente, detallan un sistema de créditos y penalizaciones que redefinirá el concepto de deber cívico femenino.

Según fuentes cercanas al partido, las mujeres entre 20 y 35 años serán las primeras en ser catalogadas como "úteros productivos potenciales", con un sistema de puntos que se asignará según su estado de salud, educación y "potencial patriótico". Aquellas que no cumplan con la cuota mínima de descendencia establecida —que, según los rumores, podría ser de al menos dos hijos— se enfrentarán a una serie de "ajustes" en sus vidas, incluyendo la reducción de sus créditos sociales, la restricción en el acceso a viviendas subsidiadas y la penalización en sus oportunidades de ascenso laboral. El estado, siempre paternalista, ha dejado claro que estas medidas no son un castigo, sino una "motivación para el compromiso nacional".

"No se trata de coacción, sino de una optimización de recursos humanos", declaró un portavoz anónimo del Comité Central de Planificación Demográfica, cuya identidad ha sido protegida por razones de "sensibilidad estratégica". "Las mujeres chinas han demostrado una capacidad inigualable para la contribución al progreso. Ahora, las necesitamos para asegurar la continuidad de nuestra gran civilización. Es un honor, un privilegio y un deber ineludible". El funcionario añadió que el programa incluirá "clínicas de eficiencia reproductiva" para optimizar los tiempos de gestación y minimizar la interrupción de la fuerza laboral.

Expertos del recién fundado "Instituto de Productividad Uterina y Bienestar Nacional" han aplaudido la medida como un "golpe maestro de ingeniería social". El Dr. Cheng Wei, director del instituto, señaló: "Desde una perspectiva puramente económica, no podemos permitirnos el lujo de úteros inactivos. Cada mujer es un activo demográfico valioso. Es hora de dejar de lado las nociones occidentales individualistas de 'autonomía corporal' y abrazar la sabiduría colectiva que ha impulsado a China durante milenios. Este programa es simplemente la materialización de un imperativo biológico y nacional". Su instituto ha desarrollado un algoritmo para predecir la "contribución reproductiva esperada" de cada ciudadana.

La ironía de la situación no escapa a nadie, aunque pocos se atreven a señalarla en voz alta. Hace apenas unos años, el mismo gobierno imponía la política de un solo hijo, con abortos forzados y esterilizaciones masivas para frenar el crecimiento poblacional. Ahora, la fábrica de bebés ha sido reabierta, y las mujeres chinas, que durante décadas fueron penalizadas por tener demasiados hijos, ahora serán penalizadas por no tener suficientes. La línea entre "demasiados" y "demasiado pocos" parece moverse con la conveniencia económica del estado.

Mientras tanto, en las calles de Shanghái y Pekín, la noticia ha sido recibida con una mezcla de resignación y chistes amargos. Algunas jóvenes, bajo condición de anonimato, bromean sobre cambiar sus perfiles de citas a "Busco marido con dos hijos para cumplir mi cuota" o "Se necesita donante de esperma, el partido observa". La broma esconde una verdad incómoda: la visión del gobierno de sus ciudadanas como meros instrumentos de política demográfica, despojadas de su propia agencia, se ha hecho más explícita que nunca. La única libertad que parece importar es la libertad del estado para decidir cuántos hijos deben nacer y por quién. Al final, el útero es del estado, la decisión es del partido, y la factura es para la mujer.