madrid – La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha emitido un comunicado contundente declarando que la huelga general por el derecho a la vivienda, convocada por diversos sindicatos, es "inadmisible" por no ser "de naturaleza estrictamente laboral". Sin embargo, la cúpula empresarial aclaró en una rueda de prensa que su definición de "naturaleza laboral" es bastante más fluida de lo que el público general podría suponer.
"Entendemos que el derecho a la vivienda es un tema social, muy bonito y muy de tertulia de café, pero no tiene cabida en una negociación de convenio colectivo", explicó Ana Botella, vicepresidenta de Estrategia de Beneficios No Interrumpidos de la CEOE. "Hasta ahora, lo veíamos como un pasatiempo de fin de semana para los trabajadores: buscar piso, quejarse del alquiler, eso no impacta directamente la productividad. Pero cuando paralizan la cadena de montaje, la cosa cambia."
La CEOE ha precisado que cualquier acción que resulte en la detención de la producción, la disminución de la rentabilidad o una mancha en el historial de crecimiento trimestral de una empresa, automáticamente se reclasifica como un asunto de "naturaleza laboral urgente". "Si los empleados deciden irse de acampada a la montaña porque les gusta el aire fresco, eso es un asunto personal. Si deciden acampar frente a la fábrica porque no tienen dónde vivir, y eso nos obliga a reajustar los turnos, entonces es una clara infracción del marco laboral y un ataque directo a los beneficios", sentenció Botella con una expresión de grave preocupación.
Según un informe interno de la patronal, filtrado accidentalmente a la prensa por un becario, se estima que el "costo de la conciencia social descontrolada" podría ascender a varios millones de euros en concepto de jornadas no trabajadas y café desaprovechado en reuniones de emergencia. "Es una cuestión de eficiencia", argumentó un portavoz anónimo de la CEOE. "Tenemos que asegurarnos de que la vida personal de nuestros empleados sea lo suficientemente estable como para que no se les ocurra protestar por ella en horario de trabajo. ¿No pueden protestar los domingos?"
La patronal está estudiando acciones legales contra los convocantes, alegando que la huelga "traslada indebidamente los costos de una medida de presión política a las empresas". "Es como si los trabajadores decidieran irse a la playa un martes porque hace buen tiempo", añadió Botella. "El buen tiempo es una cuestión personal. Si eso afecta la producción de helados, de repente el clima se convierte en un conflicto laboral. Todo es una cuestión de perspectiva... y de cuánto nos cuesta a fin de mes".
El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha defendido la legalidad de la convocatoria, señalando que la Constitución garantiza el derecho a huelga y que la vivienda digna es un derecho fundamental. Sin embargo, la CEOE ya ha solicitado que se reconsidere la redacción de la Constitución para incluir una cláusula que especifique que "ningún derecho fundamental podrá ser ejercido de manera que afecte negativamente la línea de resultados de las empresas cotizadas en el IBEX 35". La propuesta ya se ha enviado a Moncloa, esperando su pronta aprobación, o al menos un buen 'meme' corporativo.
